La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará adelante una audiencia de conciliación entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires el próximo jueves.
Con la participación del ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, Nación y Ciudad irán ante la Corte por una demanda realizada en el 2020.
Este conflicto surge a raíz de la demanda iniciada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por el recorte de la coparticipación federal decidido en 2020 por el gobierno de Alberto Fernández. Los jueces del caso serán Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorezentti y Juan Carlos Maqueda.
Todo surgió luego de la decisión del gobierno de Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad. A esa medida, le siguió una sanción de ley en el Congreso nacional que podó $65 mil millones al presupuesto porteño. El oficialismo se escudó en que era un excedente de recursos que Mauricio Macri le había otorgado a la administración de CABA en el 2016.
La causa fue iniciada en septiembre del 2020, cuando el gobierno de la CABA demandó al Estado Nacional invocando la inconstitucionalidad del decreto dictado 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos. Lo que reclama Ciudad es que se restablezca en forma inmediata su derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% originado en el “Consenso Fiscal”, ratificado por la ley 27.429 y por el decreto 257/18 y se ordene la restitución de los ilegítimamente retraídos, con intereses.
Según lo denunciado por la administración de Larreta, desde Casa Rosada no podían “modificar unilateralmente” el monto de fondos coparticipables que le correspondía, dado que éste fue siempre establecido mediante el acuerdo de la CABA con el Estado Nacional. También se sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por la vía legislativa.
Ante esa situación la Corte Suprema citó a ambas administraciones a una serie de audiencias de conciliación entre funcionarios de las Procuración del Tesoro de la Nación y de la Procuración General de al Ciudad que no lograron avanzar. Pero si en la audiencia en la que estarán no se llegara a un acuerdo, la Corte tendrá que dictar sentencia en el caso.
